# Fuerzas Armadas reforzarán la seguridad externa de penales en emergencia
*El Decreto Legislativo 1742 autoriza a los militares a neutralizar drones e instalar inhibidores de señal alrededor de las cárceles.*

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- Sección: Seguridad
- Autor: Redacción Bitácora Nacional
- Publicado: 2026-11-10T11:09:45.547Z
> El Ejecutivo aprobó la primera norma de seguridad ciudadana dictada con las facultades delegadas, que permite a las Fuerzas Armadas vigilar el perímetro y los accesos de penales en emergencia. La seguridad interna seguirá a cargo del INPE, en un sistema con más de 107 000 internos para unas 42 000 plazas.

## Las claves

- El Poder Ejecutivo aprobó una ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar la seguridad externa en penales declarados en emergencia.
- La medida se difundió el 8 de noviembre de 2026 y aplica hasta enero de 2027 en cinco establecimientos penitenciarios específicos del país.
- El objetivo es recuperar el orden carcelario, cortar el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones criminales con el exterior.

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1742, que autoriza la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia. Es la primera norma sobre seguridad ciudadana dictada con las facultades legislativas que el Senado aprobó para el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, y su contenido se difundió el 8 de noviembre de 2026.

Según el decreto, los militares podrán reforzar la vigilancia del perímetro, las vías de acceso, los torreones y otros puntos externos considerados críticos. La seguridad al interior de las cárceles seguirá a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la intervención deberá ajustarse a los límites de cada declaratoria de emergencia y coordinarse con el INPE y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La norma habilita anillos de seguridad, patrullajes, tareas de reconocimiento e inteligencia en las zonas exteriores de influencia penitenciaria, así como apoyo en el control de ingreso de visitas, proveedores y personal. El INPE deberá delimitar esas áreas, en coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas, dentro de los cinco días posteriores a la declaración de emergencia, sin ampliar el ámbito geográfico fijado por el estado de excepción.

Uno de los puntos más relevantes es el control de las comunicaciones ilegales. El decreto autoriza la detección, identificación, interceptación o neutralización de drones y otros dispositivos aéreos no autorizados, así como la instalación de inhibidores y detectores de señales, con medidas para evitar interferencias en las zonas vecinas. Las Fuerzas Armadas también podrán colaborar con la PNP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el desmontaje de antenas y repetidores clandestinos.

El apoyo militar podrá incluir transporte aéreo, terrestre, fluvial o lacustre para el traslado de internos de alta peligrosidad, además de evacuaciones, comunicaciones, logística y asistencia ante desastres naturales, amenazas de fuga o rescate.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la decisión apunta a "recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior", más contexto en [INPE realiza requisas simultáneas en cinco penales declarados en emergencia](/noticia/inpe-realiza-requisas-simultaneas-en-cinco-penales-declarados-en-emergencia).

El contexto explica la medida. De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta agosto de 2026 el sistema penitenciario albergaba a más de 107 000 internos, pese a contar con una capacidad aproximada de 42 000 plazas. Entre ellos hay 494 internos vinculados con 217 organizaciones criminales, incluidas facciones del Tren de Aragua.

La norma complementa el estado de emergencia prorrogado hasta enero de 2027 en los penales de alta peligrosidad de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y El Milagro. Su aplicación se financiará con el presupuesto de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

La delegación de facultades es una autorización temporal del Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre materias específicas y dentro de un plazo definido. El Parlamento conserva el control posterior de los decretos legislativos, por lo que la norma podrá ser revisada por sus comisiones.
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