Abogado de Dina Boluarte critica propuesta de ahora nación para investigar muertes
Juan Carlos Portugal asegura que la comisión del Congreso solo busca 'cubrir favores' y carece de utilidad al existir ya una investigación fiscal.
El abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha cuestionado públicamente la iniciativa de la bancada Ahora Nación para crear una comisión investigadora sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. En declaraciones al programa Prueba de Fuego de RPP, el jurista afirmó que dicha propuesta tiene un propósito político encubierto y carece de utilidad práctica dado que la Fiscalía ya investiga los hechos.
Crítica a una 'justicia política'
Portugal expresó sus dudas respecto al impulso legislativo de Ahora Nación, señalando que los posibles integrantes del grupo de trabajo necesitan "cubrir favores" con quienes apoyaron su campaña. Considera que no existe mayor expresión de odio en un sistema democrático que instaurar una justicia política por encima de la judicial, según informamos en Nicaragua: Renacer denuncia fin de las elecciones y crisis democrática.
Quienes van a conformar esa comisión necesitan cubrir favores de quienes los han acompañado en la campaña política; ese es el propósito, para mí. No hay mayor expresión de odio en un sistema democrático que una justicia política
Nulidad del informe ante la vía fiscal
El defensor legal enfatizó que cualquier informe emitido por esta futura comisión no tendría consecuencias legales reales. Argumenta que el documento sería enviado a la Fiscalía, donde se le agradecería su existencia sin más efecto jurídico. Reiteró que no existe evidencia de sospecha básica para imponer medidas restrictivas contra Boluarte, ya que un juez consideró apresurados los pedidos previos de la fiscalía.
Defensa sobre restricciones y responsabilidad
Sobre el estatus legal de su clienta, Portugal aclaró que Dina Boluarte no tiene impedimento de salida del país ni restricción patrimonial. Atribuye esta situación a que el Poder Judicial le dio la razón al carecerse de pruebas penales tras cuatro años de investigación. Finalmente, recalcó que no se ha determinado que la expresidenta haya ordenado asesinatos mediante comandos durante las protestas por la vacancia de Pedro Castillo.
