El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia de alto impacto que ordena la suspensión temporal inmediata de cinco plaguicidas considerados peligrosos para la vida y la salud en el Perú. Esta medida drástica busca proteger a los consumidores nacionales al prohibir el uso, venta y distribución del glifosato, clorpirifos, metomil, imidacloprid y clothianidin cuando estos se utilizan en la producción de alimentos vegetales para el consumo interno.
Declaración de Falla Estructural
Más allá de la prohibición específica, el máximo intérprete de la Constitución declaró un estado de cosas inconstitucional. El fallo concluye que existe una falla estructural grave en el sistema nacional de vigilancia e inocuidad alimentaria. Esta deficiencia se atribuye a la insuficiente coordinación entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), los gobiernos regionales y las municipalidades, lo cual impide garantizar un control efectivo sobre los residuos tóxicos presentes en nuestros platos diarios.
El Doble Estándar Inaceptable
La sentencia expone con crudeza la realidad sanitaria del país. El magistrado Gutiérrez Tics señaló que existe "un doble estándar inaceptable: a los peruanos nos venden lo peor, lo insalubre, lo tóxico; mientras que al extranjero lo mejor, lo inocuo, lo saludable". Esta afirmación subraya la urgencia de aplicar el principio precautorio, permitiendo medidas preventivas ante indicios razonables de riesgo sin esperar una certeza científica absoluta.
Datos Alarmantes sobre Tomates y Pimientos
El TC sustentó su decisión en monitoreos oficiales del Senasa entre 2020 y 2023. Los datos revelan que productos como el tomate, pimiento, ají amarillo y betarraga presentan altos niveles de incumplimiento. En 2021, el tomate alcanzó un 77,4% de muestras no conformes, mientras que en análisis recientes ninguna muestra de pimiento o betarraga cumplió con los Límites Máximos de Residuos (LMR).
