Arequipa atraviesa un momento crítico en su historia reciente, marcado por un deterioro alarmante e inminente de la seguridad ciudadana. Según las cifras más recientes del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre el año 2020 y el 2025, la región ha registrado una escalada sin precedentes en los delitos contra la propiedad y la tranquilidad pública. Los datos son contundentes: las denuncias por extorsión se han multiplicado hasta ocho veces su volumen original, mientras que las denuncias vinculadas a la minería ilegal experimentaron un incremento severo de siete veces.
El impacto en el tejido social y económico
Esta explosión estadística no es solo un número frío; representa una crisis estructural que golpea directamente al desarrollo sostenible de la región. La seguridad, entendida como pilar fundamental para cualquier progreso, ha sido erosionada por esta ola delictiva. Sin condiciones mínimas de tranquilidad y protección jurídica, el ecosistema empresarial se resiente. El entorno actual exige urgentemente nuevas estrategias sostenidas capaces de fortalecer los mecanismos de control e impedir que la inseguridad siga siendo un freno al crecimiento.
Hacia dónde debe ir la estrategia regional
Frente a este escenario adverso, el camino hacia adelante es claro: se requiere una gestión pública técnica y competente. La elección de un gobierno con equipos técnicos capaces resulta determinante para revertir esta tendencia negativa. Las herramientas existen en manos del Poder Ejecutivo; lo que falta es su aplicación efectiva y sostenida. Solo mediante una estrategia integral que fortalezca la seguridad, será posible impulsar la inversión privada y promover más empleo formal.
El futuro de Arequipa depende de la acción inmediata
Arequipa no puede permitirse el lujo de estancarse en este ciclo vicioso. La relación entre seguridad y economía es directa: sin protección efectiva, no hay inversión segura; sin inversión, no hay generación de empleo formal ni desarrollo sostenible para sus habitantes. Es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto con la urgencia que los datos del IPE demandan, asegurando un futuro próspero y seguro para todos los arequipeños.
