Chile ratifica su membresía en la CPI ante presión de EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ratificó este viernes el compromiso del país con la Corte Penal Internacional (CPI), reafirmando su condición como miembro activo del organismo. Esta declaración se produce en un contexto de intensa presión diplomática por parte del Gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, que ha instado a las naciones latinoamericanas a abandonar la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya.

Posición oficial frente a la Coalición A3C

Pérez Mackenna se pronunció directamente sobre el pedido formulado el pasado miércoles por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Durante su participación en Panamá ante los representantes de defensa y seguridad de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), también conocida como Escudo de las Américas, Hegseth instó encarecidamente a todos los miembros del grupo a rechazar la CPI para proteger la soberanía nacional. La coalición fue presentada oficialmente en marzo pasado con el objetivo de coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado, según informamos en Irán acusa a EE.UU. de crímenes de guerra ante la ONU por bombardeos.

"Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional, y sin perjuicio que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros de la CPI", afirmó Pérez Mackenna desde el Palacio de La Moneda.

Suárez no es patio trasero

La posición del Gobierno chileno se alinea con la postura expresada por el ministro de Defensa, Fernando Barros. En una entrevista reciente, Barros declaró que "desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país", refiriéndose a las referencias hechas por Estados Unidos sobre la doctrina Monroe durante el foro en Panamá. Sin embargo, Pérez Mackenna optó por mantener un tono institucional al evitar comentarios directos sobre las afirmaciones de su par del Ministerio de Defensa, limitándose a señalar que ambas carteras trabajan juntas.

Contexto legal y disputas judiciales

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de este tribunal internacional, creado en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales son incapaces o reacios a actuar. La tensión diplomática ha derivado en acciones legales internas; cuatro organizaciones estadounidenses de derechos humanos —American Friends Service Committee, Centro para los Derechos Constitucionales, Instituto Open Society y Human Rights Watch— presentaron una demanda el martes contra la Administración Trump por su campaña contra la CPI.