Perú vuelve a ser noticia mundial, pero no precisamente por sus logros. El Congreso de la República ha destituido al presidente interino José Jerí, profundizando una crisis institucional que parece no tener fondo y que mantiene al país sumido en una inestabilidad política sin precedentes en la región.
La medida llega en un momento crítico: a puertas de las elecciones generales previstas para abril, lo que genera aún más incertidumbre sobre el rumbo de una nación que ha visto desfilar presidentes como si fueran técnicos de un equipo en mala racha.
Un país acostumbrado a cambiar de presidente
Para quienes siguen la política peruana, la destitución de un mandatario ya no es una sorpresa, sino casi un evento recurrente. Perú ha tenido múltiples presidentes en los últimos años, una rotación que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y que ha convertido al país en un caso de estudio sobre inestabilidad política en América Latina.
José Jerí ocupaba la presidencia de manera interina, pero ni siquiera esa condición transitoria lo salvó de la guillotina parlamentaria. El Congreso, haciendo uso de sus facultades, votó por su remoción en una sesión que reflejó las profundas divisiones que atraviesan el poder legislativo peruano.
La pregunta que muchos se hacen dentro y fuera del país es directa: ¿cuántos presidentes más necesita Perú antes de encontrar estabilidad? La respuesta, lamentablemente, no parece estar cerca.
Las razones detrás de la destitución
El Congreso peruano ha demostrado en repetidas ocasiones que tiene la voluntad política —y los votos— para remover a quien ocupe el sillón presidencial. En el caso de Jerí, su breve paso por el poder estuvo marcado por tensiones con diversos bloques legislativos que no le dieron tregua.
La fragmentación del Congreso es uno de los factores clave que explica esta dinámica. Sin mayorías claras y con bancadas que responden a intereses diversos, cualquier presidente —titular o interino— se convierte en un blanco fácil para mociones de censura y vacancia.
La inestabilidad política peruana no es solo un problema de nombres o personas: es un problema estructural que ningún cambio de presidente va a resolver por sí solo.
Los analistas coinciden en que el sistema político peruano está roto. La Constitución otorga al Congreso herramientas poderosas para remover presidentes, pero no establece mecanismos suficientes para garantizar gobernabilidad. El resultado es un ciclo vicioso de destituciones que paraliza al Estado.
¿Qué viene ahora para Perú?
Con las elecciones de abril en el horizonte, la gran pregunta es quién asumirá el mando en este periodo de transición y si logrará mantenerse hasta que los peruanos acudan a las urnas. La línea de sucesión presidencial ya ha sido probada múltiples veces, y cada nuevo interinato parece más frágil que el anterior.
Las elecciones generales se perfilan como la única salida democrática a esta crisis, pero incluso ese escenario viene cargado de interrogantes. ¿Podrá el próximo presidente electo completar su mandato? La historia reciente de Perú no invita al optimismo.
Martín Vizcarra fue vacado en 2020. Manuel Merino duró apenas cinco días en el cargo. Pedro Castillo fue destituido y arrestado en 2022 tras un fallido intento de disolver el Congreso. Dina Boluarte, quien lo sucedió, enfrentó masivas protestas y una aprobación ciudadana que se desplomó a niveles históricos. Ahora, José Jerí se suma a la lista.
El impacto en la ciudadanía y la economía
Más allá de los pasillos del Congreso y el Palacio de Gobierno, la crisis política tiene consecuencias reales para los más de 33 millones de peruanos. La inversión extranjera se retrae ante la incertidumbre, los proyectos de infraestructura se paralizan y las reformas necesarias en salud, educación y seguridad quedan eternamente postergadas.
La ciudadanía, por su parte, muestra un hartazgo creciente. Las encuestas reflejan niveles de desaprobación récord tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. La desconfianza en la clase política es transversal y alimenta un peligroso desapego con la democracia.
En las calles de Lima, Arequipa, Trujillo y otras ciudades del país, el sentimiento es de frustración. Los peruanos quieren estabilidad, empleo, seguridad y servicios públicos dignos, pero reciben a cambio un espectáculo político que parece no tener fin.
La mirada internacional
La comunidad internacional observa con preocupación lo que ocurre en Perú. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y gobiernos de la región han expresado en diversas oportunidades su inquietud por la fragilidad institucional del país andino.
Para América Latina, lo que pasa en Perú no es un caso aislado sino una señal de alarma sobre los riesgos que enfrentan las democracias de la región cuando las instituciones se debilitan y la polarización se apodera del debate público.
Las elecciones de abril representan una oportunidad para que Perú intente pasar la página de esta etapa turbulenta. Sin embargo, sin reformas profundas al sistema político —incluyendo cambios en las reglas de vacancia presidencial y fortalecimiento de los partidos políticos—, el riesgo de repetir este ciclo destructivo seguirá latente.
Perú merece mejor. Sus ciudadanos merecen un gobierno que gobierne, un Congreso que legisle con responsabilidad y una democracia que funcione. La pelota está en la cancha de la clase política, y el reloj corre.
