La turbulencia política en Perú no da tregua. José Jerí, quien apenas llevaba cuatro meses y una semana al frente de la presidencia, fue destituido ayer por el Congreso de la República en un juicio político relámpago que concentró y votó en conjunto siete cargos acumulados. La decisión sacude nuevamente los cimientos de un país que se ha convertido en sinónimo de inestabilidad presidencial en América Latina.
La noticia cayó como un balde de agua fría no solo en la clase política peruana, sino en los mercados y en la ciudadanía, que observa con hartazgo cómo la rotación presidencial se ha normalizado de manera alarmante. La gran pregunta que retumba en las calles de Lima, Arequipa y Trujillo es clara: ¿cómo sigue a flote la economía de un país que parece incapaz de sostener a un mandatario por un período completo?
Un juicio político relámpago que no sorprendió a nadie
El proceso contra Jerí se desarrolló con una velocidad inusitada, incluso para los estándares peruanos. Siete cargos fueron acumulados y sometidos a votación de manera conjunta, un mecanismo que generó críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos. Los cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento no se hicieron esperar, pero la mayoría parlamentaria impuso su voluntad con contundencia.
Lo llamativo del caso es que la destitución de Jerí no provocó las manifestaciones masivas que en otros tiempos habrían paralizado el país. La sociedad peruana, fatigada por años de crisis institucional, parece haber asimilado el caos como parte del paisaje cotidiano. Una normalización peligrosa que erosiona la confianza en las instituciones democráticas.
Este episodio se suma a la larga lista de presidentes peruanos que no lograron completar su mandato en los últimos años, consolidando una tendencia que convierte al Palacio de Gobierno en una puerta giratoria con consecuencias devastadoras para la gobernabilidad.
La economía peruana: resistente pero no invulnerable
Quizás el dato más sorprendente en medio de esta tormenta política sea la relativa resiliencia de la economía peruana. A pesar de la sucesión interminable de crisis institucionales, los indicadores macroeconómicos del país andino han mostrado una capacidad de resistencia que desafía la lógica convencional.
El Banco Central de Reserva del Perú ha mantenido una política monetaria prudente, la inflación se ha mantenido dentro de rangos controlables y las exportaciones mineras siguen siendo el motor que impulsa las cifras del PBI. Sin embargo, los analistas advierten que esta fortaleza tiene un límite y que cada nueva crisis política resta puntos de crecimiento potencial.
La estabilidad macroeconómica de Perú descansa sobre pilares técnicos sólidos como el Banco Central y el Ministerio de Economía, pero la incertidumbre política crónica ahuyenta la inversión de largo plazo y frena el desarrollo que el país necesita con urgencia.
Las cifras de inversión extranjera directa han mostrado una desaceleración preocupante. Los grandes proyectos mineros enfrentan trabas burocráticas y la falta de continuidad en las políticas públicas genera un ambiente de desconfianza que los inversionistas internacionales no están dispuestos a tolerar indefinidamente.
Elecciones de abril: ¿solución o más de lo mismo?
Con las elecciones generales programadas para abril, Perú se encamina a sumar un nuevo capítulo en su interminable saga política. La destitución de Jerí acelera los tiempos y coloca al país en modo electoral con un gobierno de transición que tendrá escaso margen de maniobra.
El panorama electoral no resulta alentador para quienes buscan estabilidad. La fragmentación del sistema de partidos, la proliferación de candidatos y la desconfianza generalizada de la población hacia la clase política configuran un escenario donde cualquier resultado es posible, pero pocos garantizan gobernabilidad.
Los peruanos acudirán a las urnas con la esperanza de que esta vez el elegido pueda, al menos, completar su mandato. Una expectativa que en cualquier otra democracia del mundo sonaría absurdamente básica, pero que en el Perú actual se ha convertido en un anhelo casi utópico.
El costo social de la inestabilidad permanente
Más allá de las cifras macroeconómicas, el verdadero costo de esta crisis permanente se mide en la calidad de vida de los peruanos. Los programas sociales sufren interrupciones con cada cambio de gobierno, las reformas educativas y de salud quedan a medio camino, y la lucha contra la pobreza pierde continuidad y efectividad.
La inseguridad ciudadana, uno de los problemas que más preocupa a la población, tampoco encuentra respuestas sostenidas cuando los ministros del Interior rotan con la misma frecuencia que los presidentes. Las organizaciones criminales, mientras tanto, aprovechan el vacío institucional para expandir sus operaciones.
Perú necesita con urgencia un pacto de gobernabilidad que trascienda las ambiciones individuales de sus políticos. La economía puede resistir golpes, pero la paciencia del pueblo tiene un límite. Las elecciones de abril representan una nueva oportunidad, aunque la historia reciente invita más al escepticismo que a la esperanza.
Lo que queda claro es que la destitución de José Jerí no es un hecho aislado, sino el síntoma más reciente de una enfermedad estructural que amenaza con convertir al Perú en un Estado permanentemente disfuncional. La pelota está ahora en la cancha de los electores y de una clase política que le debe mucho a su país.
