Al menos diez personas murieron y otras ochenta y una resultaron heridas tras una masiva explosión de pirotecnia durante la celebración de una fiesta patronal en México. La tragedia se registró específicamente en la comunidad de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio de Temascalcingo. El siniestro ocurrió mientras decenas de feligreses se encontraban congregados en el atrio parroquial para rendir homenaje a Nuestra Señora de la Luz.
Detalles del incidente y respuesta inmediata
Las autoridades locales informaron que la onda expansiva alcanzó los puestos de venta y las atracciones de feria instaladas en la vía pública. La detonación de los artefactos provocó la muerte instantánea de varias personas que permanecían en las inmediaciones del recinto religioso. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al punto para auxiliar a los 81 heridos, quienes presentaban quemaduras y diversas lesiones traumáticas.
Los voceros del sector salud confirmaron que 54 de los pacientes atendidos ya recibieron el alta médica tras ser estabilizados en los centros asistenciales. Las víctimas restantes permanecen hospitalizadas bajo un pronóstico reservado en nosocomios regionales de la zona. Los primeros peritajes determinaron que la pirotecnia se encontraba guardada dentro de una edificación cercana al templo principal del pueblo.
Investigación y seguridad
El fuego se propagó de manera imprevista mientras los organizadores manipulaban los fuegos artificiales para dar inicio a la celebración central. La fuerza del estallido destruyó los muros de la parroquia y derribó las estructuras mecánicas colocadas en el perímetro comunal. Diversos videos difundidos en plataformas digitales registraron la magnitud de la humareda y los momentos de pánico que vivieron los asistentes, tema que ya cubrimos en Explosión pirotécnica en México deja 10 muertos y 64 heridos.
Brigadas especializadas de Protección Civil, junto con efectivos de las Fuerzas Armadas, desplegaron un cerco de seguridad alrededor del área del siniestro. Las autoridades municipales, estatales y federales coordinaron las labores de remoción de escombros y el control de riesgos para evitar nuevos estallidos. El Ministerio Público inició las diligencias legales para determinar si el almacenamiento de los artículos inflamables contaba con los permisos técnicos requeridos.
