El gobierno de Keiko Fujimori decretó ayer un nuevo estado de emergencia para Lima y Callao. Esta medida representa la continuación administrativa tras 17 meses consecutivos, iniciados el 18 de marzo de 2025 como respuesta al asesinato del cantante Paul Flores. Desde entonces, las autoridades han prorrogado la situación mes a mes sin interrupciones significativas.
Cifras oficiales y contexto
Los datos presentados por el analista Juan Carbajal, citando información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia (Sinadef), revelan una estabilidad en las cifras criminales. Entre el 28 de julio y el 24 de agosto de 2026, se registraron 151 homicidios a nivel nacional, como informó Gobierno extiende estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días.
El análisis indica que el 75,5% de estos delitos fueron cometidos con arma de fuego. Lima concentra la mayor cantidad de muertes, sumando un total de 48 casos en ese periodo. La tasa actual equivale a seis peruanos asesinados por día, cifra idéntica a la reportada semanas atrás, como contamos en Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz y Loreto.
Eficacia y crítica institucional
El editorial señala que el estado de emergencia permanente no ha logrado modificar estas estadísticas. Se argumenta que suspender derechos constitucionales es una herramienta legítima en contextos extraordinarios, pero pierde credibilidad cuando se vuelve prolongada, según Clave Nacional.
La publicación sostiene que la medida ya no puede considerarse excepcional tras 17 meses de vigencia sin cambios estructurales. La crítica apunta a la necesidad de inteligencia policial efectiva y procesos judiciales ágiles como alternativas reales frente al decreto administrativo.
