La crisis política peruana sumó un nuevo capítulo este lunes. El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Con esta decisión, el país se encamina a tener su octavo jefe de Estado en apenas una década, una cifra que refleja la profunda inestabilidad institucional que atraviesa la nación.
Para este martes 18 de febrero se espera la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automáticamente la máxima magistratura del país bajo el mecanismo de sucesión constitucional vigente. La pregunta que retumba en los pasillos del poder, en los mercados financieros y en las calles de Lima es la misma: ¿traerá este cambio alguna certidumbre o será otro eslabón más en la cadena de inestabilidad?
Un récord que nadie quiere celebrar
Ocho presidentes en diez años. La estadística es demoledora y sitúa al Perú como uno de los países con mayor rotación presidencial en toda América Latina. Desde la salida de Ollanta Humala, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora la breve gestión de Jerí, el sillón de Pizarro ha sido más una silla giratoria que un símbolo de poder estable.
Cada cambio de mando ha venido acompañado de protestas, incertidumbre económica y parálisis legislativa. La censura de Jerí no es la excepción. Su paso por la presidencia del Congreso —y por ende del país— fue efímero, marcado por cuestionamientos sobre su capacidad de gestión y por las presiones de distintas bancadas que terminaron por sellar su salida.
Este constante ir y venir de mandatarios ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones. Según las últimas encuestas, la aprobación del Congreso se mantiene por debajo del 10%, mientras que la percepción sobre la clase política en general alcanza mínimos históricos. El Perú político vive en estado de emergencia permanente.
El grito del empresariado: inversión necesita reglas claras
Si hay un sector que sigue con lupa cada movimiento en el tablero político, ese es el empresarial. Los gremios más importantes del país no tardaron en pronunciarse tras conocerse la censura de Jerí, y el mensaje fue contundente: sin estabilidad política, no hay inversión que resista.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) ha reiterado en múltiples ocasiones que la rotación presidencial genera un clima de desconfianza que ahuyenta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Cada nuevo gobierno implica nuevos equipos técnicos, nuevas prioridades y, muchas veces, la paralización de proyectos que ya estaban en marcha.
El sector minero, columna vertebral de la economía peruana, es quizás el más afectado. Proyectos multimillonarios permanecen entrampados en la burocracia y en la falta de voluntad política para destrabar conflictos sociales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha señalado que el Perú pierde competitividad frente a Chile y Colombia, países que, pese a sus propios desafíos, ofrecen marcos regulatorios más predecibles.
"Lo que los empresarios necesitan no es un presidente perfecto, sino un marco institucional que funcione más allá de quien ocupe el cargo. La previsibilidad es el oxígeno de la inversión", señalan voceros del sector privado.
¿Qué esperar del nuevo presidente?
La elección del nuevo presidente del Congreso —y por tanto del país— se perfila como una negociación intensa entre las bancadas parlamentarias. Los nombres que suenan en los corredores del Legislativo responden más a cuotas de poder partidario que a un perfil de estadista capaz de conducir al Perú hacia la estabilidad.
Los empresarios han sido claros en sus demandas. En primer lugar, exigen respeto irrestricto al Estado de derecho y a los contratos vigentes. En segundo lugar, piden que se priorice la reactivación económica con medidas concretas: simplificación de trámites, destrabe de proyectos de infraestructura y una política fiscal responsable. Finalmente, reclaman un horizonte temporal mínimo de gobernabilidad que permita planificar a mediano plazo.
El Banco Central de Reserva del Perú ya había advertido que la inestabilidad política resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento potencial del PBI. En un contexto donde la economía peruana necesita crecer por encima del 4% anual para reducir la pobreza de manera significativa, cada punto perdido tiene consecuencias directas en el empleo y el bienestar de millones de familias.
Un país que no puede seguir así
La historia reciente del Perú demuestra que el carrusel presidencial tiene costos reales y medibles. La inversión privada se ha contraído en términos reales, el empleo formal no logra recuperar los niveles prepandemia y los indicadores sociales muestran retrocesos preocupantes en educación y salud.
La sociedad civil, los gremios empresariales y la academia coinciden en un diagnóstico: el Perú necesita urgentemente un pacto de gobernabilidad que trascienda nombres y partidos. La reforma política, tantas veces prometida y tantas veces postergada, aparece como la única salida estructural a esta crisis cíclica.
Mientras tanto, el país se prepara para recibir a un nuevo presidente con la esperanza —cada vez más tenue— de que esta vez sea diferente. Los empresarios, con la calculadora en una mano y la incertidumbre en la otra, observan expectantes. El Perú no puede darse el lujo de seguir perdiendo oportunidades en un mundo que no espera.
