La crisis política peruana sumó un nuevo capítulo que ya parece rutina: el pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. El 18 de febrero se elegiría a un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien automáticamente se convertiría en el octavo mandatario del país en apenas una década. Una rotación en el poder que no tiene precedentes en la historia republicana y que enciende todas las alarmas del sector empresarial.
Una década de inestabilidad sin freno
Desde 2016, Perú ha transitado por las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el propio José Jerí, quien asumió brevemente la conducción del Estado en su calidad de presidente del Congreso. Ahora, con su censura, el país se prepara para recibir a un nuevo inquilino de Palacio de Gobierno.
El mecanismo constitucional es claro: ante la vacancia o ausencia del presidente de la República, el cargo recae en quien preside el Poder Legislativo. Pero la claridad jurídica contrasta con el caos institucional. Ninguna democracia de la región ha experimentado semejante nivel de rotación presidencial en un periodo tan corto, lo que erosiona la credibilidad del Perú ante inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales.
La censura de Jerí se produjo en una sesión cargada de tensión, donde las bancadas cruzaron acusaciones de oportunismo y falta de gobernabilidad. El voto mayoritario selló su salida y abrió la puerta a una nueva elección interna que definirá quién ocupa el sillón presidencial.
¿Qué esperan los empresarios peruanos?
El sector privado no ocultó su frustración. Según reportó Gestión, los principales gremios empresariales del país coinciden en un reclamo central: estabilidad. Sin reglas de juego claras y sin continuidad en las políticas públicas, la inversión se retrae, los proyectos se paralizan y el crecimiento económico se resiente.
La Cámara de Comercio de Lima y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) han señalado en múltiples ocasiones que la turbulencia política es el principal obstáculo para el desarrollo del Perú. Cada cambio de gobierno implica nuevos equipos ministeriales, nuevas prioridades y, muchas veces, la paralización de reformas en curso.
Los empresarios esperan del próximo presidente —sea quien sea— señales concretas en al menos tres frentes críticos:
Primero, respeto a la institucionalidad. Que no se gobierne a golpe de decretos ni de confrontaciones con otros poderes del Estado. Segundo, continuidad en política económica. El Perú ha mantenido una macroeconomía relativamente sólida gracias a la independencia del Banco Central de Reserva, pero la incertidumbre política amenaza con debilitar incluso esa fortaleza. Tercero, destrabe de inversiones. Proyectos mineros, de infraestructura y de energía acumulan años de retraso por falta de voluntad política y trabas burocráticas.
"No pedimos milagros, pedimos previsibilidad. Un país que cambia de presidente cada año y medio no puede planificar a largo plazo", es el sentir generalizado entre los líderes del sector privado peruano.
El impacto económico de la crisis política permanente
Las cifras hablan por sí solas. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, la inversión privada ha mostrado un comportamiento errático en los últimos años, directamente correlacionado con los picos de inestabilidad política. Cuando el país entra en crisis institucional, los capitales se retraen, los proyectos se congelan y el empleo formal se contrae.
El tipo de cambio del sol peruano también refleja esa volatilidad. Cada episodio de turbulencia genera presiones sobre la moneda nacional, encarece las importaciones y golpea el bolsillo de los ciudadanos. El riesgo país, indicador clave para los inversionistas extranjeros, tiende a elevarse cada vez que el Perú protagoniza un nuevo capítulo de su interminable telenovela política.
Además, la calificación crediticia del país podría verse comprometida. Las agencias internacionales ya han advertido en informes previos que la gobernabilidad es un factor de riesgo para la nota soberana peruana. Un eventual recorte encarecería el financiamiento público y limitaría la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura.
¿Quién será el próximo presidente?
La gran pregunta se resolverá el 18 de febrero, cuando el pleno del Congreso elija a un nuevo presidente de la Mesa Directiva. Los nombres que suenan en los pasillos del Legislativo son varios, pero ninguno genera consenso amplio. Las negociaciones entre bancadas serán intensas y, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el resultado podría sorprender.
Lo que está claro es que el nuevo mandatario heredará un país agotado por la inestabilidad, con una ciudadanía escéptica y un empresariado que pide a gritos condiciones mínimas para seguir apostando por el Perú. La legitimidad del próximo presidente será, inevitablemente, cuestionada: no habrá sido elegido por voto popular, sino por el juego de alianzas parlamentarias.
El Perú necesita romper el ciclo. Ocho presidentes en diez años no es solo una estadística llamativa: es el síntoma de una crisis institucional profunda que demanda reformas estructurales del sistema político. Mientras eso no ocurra, los empresarios seguirán esperando —y el país seguirá perdiendo oportunidades de desarrollo que no volverán.
