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Red criminal falsifica certificados de defunción para cobrar S/22 millones
Médico legista lideraba organización que reactivaba afiliaciones y registraba aportes ficticios para obtener seguros previsionales.
La Fiscalía de la Nación ha desarticulado una compleja red criminal liderada por un médico legista, quien sería el presunto cabecilla del grupo. La organización se dedicaba a la falsificación masiva de certificados de defunción con el objetivo específico de reactivar afiliaciones y registrar aportes ficticios en sistemas previsionales. Esta maniobra permitía al grupo obtener ilegalmente más de S/22 millones en seguros, aprovechando vacíos legales para cobrar beneficios económicos sin que los beneficiarios existieran o estuvieran vivos.
Modus operandi: reactivación fraudulenta
El modus operandi identificado por las autoridades judiciales consistía en la manipulación documental de registros civiles y previsionales. Al falsificar certificados que acreditaban el fallecimiento de personas, los integrantes del grupo lograron "reactivar" estas afiliaciones desde una perspectiva administrativa fraudulenta. Una vez reactivadas, se procedía a registrar aportes inexistentes o ficticios, generando un historial contributivo falso que habilitaba el cobro de pensiones y seguros previsionales, como informó Peru21.
Esta estructura operativa permitió desviar recursos del sistema previsional peruano durante un periodo prolongado. La magnitud financiera del delito se estima en más de S/22 millones, una cifra significativa para la economía nacional y que evidencia la sofisticación con la que operaba la red bajo el amparo de figuras médicas autorizadas, más contexto en Operan red que falsifica certificados para cobrar 22 millones por seguros previs.
Medida cautelar: 18 meses de prisión preventiva
Frente a las evidencias reunidas por los investigadores, la justicia peruana dictó medidas cautelares contra los implicados. Actualmente, todos los investigados identificados en esta causa cumplen con una medida de privación de libertad consistente en 18 meses de prisión preventiva. Esta resolución judicial busca garantizar el desarrollo del proceso penal y evitar que los sospechosos puedan influir en las pruebas o escapar, según Clave Nacional.
La investigación continúa para determinar la participación exacta de cada miembro de la red, así como para identificar a posibles beneficiarios finales que hayan recibido estos montos fraudulentamente. Las autoridades judiciales mantienen el seguimiento estricto del caso para esclarecer todos los hechos y aplicar las sanciones correspondientes según la ley peruana vigente.
