Parece una paradoja sacada de un manual de ciencia ficción política, pero es la realidad más cruda y fascinante del Perú contemporáneo. En apenas una década, siete presidentes han ocupado —o intentado ocupar— el sillón de Palacio de Gobierno, y sin embargo, la economía nacional se mantiene en pie, desafiando pronósticos catastróficos y dejando atónitos a analistas de medio mundo.
El más reciente episodio de esta saga interminable se escribió este martes, cuando el Congreso de la República destituyó al presidente interino José Jerí, sumando un nuevo capítulo al récord de inestabilidad política que el país arrastra desde 2016. Pero mientras el carrusel presidencial sigue girando sin freno, los indicadores macroeconómicos cuentan una historia completamente diferente.
El carrusel presidencial: de Kuczynski a Jerí, una década sin respiro
Todo comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el poder en 2016 con la promesa de modernizar el Estado y terminó renunciando en 2018 acorralado por escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht. Le sucedió Martín Vizcarra, quien inicialmente fue celebrado como un reformista valiente, pero acabó vacado por el Congreso en noviembre de 2020 bajo acusaciones de "incapacidad moral permanente".
Después llegó el brevísimo mandato de Manuel Merino, que duró apenas cinco días tras una ola de protestas ciudadanas que dejó muertos y heridos en las calles de Lima. Francisco Sagasti tomó la posta como presidente de transición y logró llevar el país a las elecciones de 2021, donde Pedro Castillo, un maestro rural de Cajamarca, dio la sorpresa al ganar la presidencia.
Castillo, sin embargo, protagonizó el episodio más delirante: intentó un autogolpe disolviendo inconstitucionalmente el Congreso en diciembre de 2022, fue destituido de inmediato y terminó detenido. Su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en medio de violentas protestas que dejaron decenas de fallecidos, y gobernó con índices de aprobación históricamente bajos. Ahora, con la destitución de José Jerí, el Perú suma su séptimo mandatario en una década.
La fortaleza económica que desafía al caos político
Aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Mientras la clase política peruana se devora a sí misma en un ciclo interminable de vacaciones presidenciales, mociones de censura y pugnas de poder, la economía del país muestra una resiliencia que pocos anticipaban.
El Perú mantiene una de las deudas públicas más bajas de América Latina, con niveles que rondan el 33% del PBI, muy por debajo de vecinos como Brasil, Colombia o Argentina. La inflación, que se disparó durante la pandemia, ha retornado a niveles controlados dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Las reservas internacionales netas se mantienen robustas, superando los 70,000 millones de dólares.
¿Cómo es posible? Los analistas apuntan a varios factores estructurales. Primero, la autonomía del Banco Central de Reserva, una institución que ha sabido blindarse del ruido político y mantener una política monetaria disciplinada durante décadas. Segundo, el marco de responsabilidad fiscal que, pese a los embates de cada nuevo gobierno, ha permanecido prácticamente intacto. Tercero, la fortaleza del sector minero y exportador, que sigue generando divisas independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
El piloto automático: ¿virtud o señal de alarma?
Hay quienes celebran esta capacidad de la economía peruana de funcionar "en piloto automático", como si las instituciones económicas fueran inmunes al terremoto político. Sin embargo, otros expertos advierten que esta narrativa tiene un lado oscuro que no conviene ignorar.
La estabilidad macroeconómica no se traduce necesariamente en bienestar para la mayoría de los peruanos. La informalidad laboral sigue afectando a más del 70% de la fuerza trabajadora. La inversión pública en salud, educación e infraestructura se resiente cada vez que un nuevo presidente llega al poder sin un plan de continuidad. Los grandes proyectos de infraestructura se paralizan, las reformas estructurales se postergan y la brecha entre el Perú formal y el informal se ensancha.
Además, la inversión privada, especialmente la de largo plazo, muestra señales de cautela. Si bien los capitales extranjeros siguen llegando al sector minero y agroexportador, los proyectos que requieren estabilidad regulatoria y política enfrentan una incertidumbre creciente. Según datos recientes, la inversión privada ha crecido por debajo de su potencial durante los últimos años, precisamente por el ruido político constante.
"El Perú tiene una economía que funciona a pesar del Estado, no gracias a él. Eso es admirable en el corto plazo, pero insostenible en el largo plazo si no se resuelve la crisis de gobernabilidad", señalan diversos analistas económicos que siguen de cerca la situación del país.
¿Hasta cuándo aguanta el modelo?
La gran pregunta que sobrevuela Lima, Wall Street y los organismos internacionales es inevitable: ¿hasta cuándo puede una economía resistir sin una conducción política estable? La historia ofrece ejemplos de países que mantuvieron indicadores sólidos durante años de turbulencia política hasta que, de pronto, el castillo de naipes se desplomó.
El Perú se acerca peligrosamente a un punto de quiebre institucional. El Congreso actual ostenta niveles de aprobación de un solo dígito. La confianza ciudadana en las instituciones democráticas está por los suelos. Y cada nueva crisis presidencial erosiona un poco más el tejido social que sostiene al país.
Lo que está claro es que la economía peruana ha demostrado una capacidad de resistencia notable, casi heroica. Pero confiar indefinidamente en que los números macroeconómicos compensen la disfunción política es como jugar un partido entero sin defensa: tarde o temprano, los goles llegan.
El Perú necesita, con urgencia, resolver su crisis de gobernabilidad. No solo por salud democrática, sino porque incluso la economía más resiliente tiene un límite. Y siete presidentes en diez años sugieren que ese límite se acerca cada día más.
