El sector del transporte por aplicaciones en Perú enfrenta una crisis estructural marcada por la ausencia de un marco normativo claro que defina las responsabilidades legales ante accidentes o incidentes. Un estudio conjunto realizado por el Observatorio de Plataformas, Ipsos y Aspec revela que esta inseguridad jurídica no solo afecta a los usuarios, sino también a los conductores y a las propias plataformas tecnológicas.
La investigación destaca que la mayoría de estas aplicaciones operan en un vacío legal que les permite mantenerse activas sin asumir plenamente su rol como intermediarios o empleadores. Esta situación genera incertidumbre sobre quién responde realmente cuando algo sale mal, ya sea una falla mecánica, un accidente vial o un conflicto con el pasajero.
La realidad del transporte por aplicativo
Según los datos presentados en el estudio, la regulación actual no distingue adecuadamente entre las relaciones laborales y contractuales. Esto significa que, ante una emergencia, es difícil determinar si la plataforma asume la responsabilidad civil o si esta recae exclusivamente sobre el conductor independiente.
El Observatorio de Plataformas ha señalado repetidamente que esta ambigüedad beneficia a los operadores tecnológicos al reducir sus costos operativos y riesgos legales. Sin embargo, traslada toda la carga del riesgo hacia los trabajadores y los usuarios finales.
Fallos en la seguridad vial
Uno de los puntos críticos identificados por Ipsos es la falta de control efectivo sobre las condiciones de los vehículos y la formación de los conductores. Al no existir un régimen laboral formal, muchas plataformas no exigen seguros obligatorios robustos ni verificaciones rigurosas periódicas.
Los resultados muestran que una parte significativa de los usuarios ha experimentado incidentes durante sus viajes. En muchos casos, al momento de reclamar indemnizaciones o reparaciones, las aplicaciones se escudan en su condición de meras intermediarias tecnológicas para evitar pagos directos.
Necesidad de reforma regulatoria
Aspec y el Observatorio coinciden en que es urgente establecer un marco legal específico. Este debería definir si la relación entre conductor y plataforma es laboral, civil o mercantil. La definición tiene implicaciones directas sobre las obligaciones de seguridad social, seguros de responsabilidad civil y mecanismos de resolución de conflictos.
La falta de esta claridad ha generado una percepción de impunidad en el sector. Los conductores reportan dificultades para acceder a beneficios sociales, mientras que los usuarios sienten vulnerabilidad ante la posibilidad de quedar sin cobertura tras un siniestro vial.
