La tensión en Bolivia alcanzó su punto máximo este sábado con violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en los departamentos de La Paz y El Alto. La Defensoría del Pueblo reportó oficialmente 47 personas detenidas y cinco heridas durante la jornada de desbloqueo de vías, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz intensifican sus exigencias. Estos grupos sociales han convocado protestas callejeras y bloqueos de carreteras para demandar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando que el mandatario actual no tiene la capacidad para solucionar los graves conflictos que atraviesa el país.
El costo humano del desbloqueo
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, detalló a los medios que hacia el final de la tarde se registraron las 47 detenciones en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto. La entidad estatal informó que se está monitoreando la situación para garantizar que a los detenidos se les asignen abogados de defensa pública. Además, se confirmó el registro de cinco personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica inmediata, aunque no se proporcionaron más detalles específicos sobre la gravedad de las lesiones.
La situación se tornó aún más crítica con las agresiones reportadas contra la prensa. La Defensoría verificó impedimentos al trabajo de periodistas, y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informó que dos informadores sufrieron lesiones en una emboscada organizada en el sector de Lipari, al sur de La Paz. Uno de los periodistas fue retenido con violencia y le destruyeron su teléfono móvil, mientras los bloqueadores forzaron el repliegue de agentes policiales y militares mediante el lanzamiento de piedras y explosivos.
Operaciones militares y resistencia campesina
El Gobierno ordenó una operación conjunta militar y policial para despejar las principales carreteras y abrir un corredor humanitario para el paso de camiones con combustibles y oxígeno medicinal. Sin embargo, la resistencia fue feroz. En la zona de Río Seco, en El Alto, los manifestantes respondieron a los gases lacrimógenos de los agentes con piedras y cargas de dinamita. Ante la escalada de violencia, el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad para evitar un derramamiento de sangre que afecte a ambos bandos, desbloqueando parcialmente la carretera troncal hacia Oruro.
Callisaya remarcó que la prioridad debe ser la protección de la vida y la convivencia pacífica. La Defensoría del Pueblo está analizando con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio de diálogo para la desescalada del conflicto. Hasta el momento, se han recibido denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante los operativos, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional, mientras los bloqueos, iniciados hace once días, continúan generando afectaciones humanitarias en el departamento.
