La Contraloría General de la República ha evidenciado que un grupo de funcionarios de Provías Nacional otorgó conformidad a siete valorizaciones correspondientes a la obra de rehabilitación y mejoramiento del tramo Ciudad Constitución – Puerto Súngaro, ubicado en la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro. Asimismo, se detectaron irregularidades en el proceso de liquidación del contrato asociado a esta infraestructura vial.
Detalles de las irregularidades fiscalizadas
A través de su informe técnico, el órgano fiscalizador señaló que la aprobación de estas valorizaciones y la posterior liquidación se realizaron sin aplicar las penalidades correspondientes. Esta omisión en el control del cumplimiento contractual ha generado un perjuicio patrimonial al Estado por la suma de S/ 4.8 millones.
La intervención de la Contraloría pone bajo escrutinio los procedimientos internos utilizados por los funcionarios responsables de fiscalizar y aprobar las etapas constructivas de esta obra pública. La falta de aplicación de sanciones contractuales, previstas para el incumplimiento o retraso en las metas físicas y financieras, representa una afectación directa a las finanzas públicas, según Centro Histórico de Lima.
Implicancias del caso
Este hallazgo se suma al monitoreo constante que realiza la Contraloría sobre los contratos de ejecución pública. La identificación de estos vacíos en el control fiscal sugiere la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión y aprobación dentro de Provias Nacional para evitar pérdidas futuras.
