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Contraloría sanciona a empresa por deficiencias en limpieza del río Huarmey en Áncash
El organismo fiscalizador detectó trabajos no ejecutados o realizados de manera deficiente, lo que generaría un perjuicio económico estimado en S/ 202 mil para el Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una resolución que señala irregularidades graves en los servicios de limpieza y descolmatación del río Huarmey, ubicados en la región Áncash. El organismo fiscalizador determinó que existieron trabajos no ejecutados o realizados de manera deficiente en las localidades de Chilcal 1 y Tayca, lo cual habría ocasionado un perjuicio económico al erario público por aproximadamente S/ 202 mil.
Deficiencias técnicas detectadas
Según el informe técnico elaborado por la CGR, las inspecciones realizadas a los servicios contratados evidenciaron incumplimientos en los estándares de calidad exigidos. Los trabajos de descolmatación y limpieza del cauce fluvial no cumplieron con lo pactado contractualmente.
Las áreas afectadas por estas deficiencias corresponden específicamente a los sectores Chilcal 1 y Tayca, zonas estratégicas para la prevención de riesgos hídricos en la provincia de Huarmey. La falta de una limpieza adecuada puede comprometer el flujo natural del río y aumentar la vulnerabilidad ante posibles crecidas.
Responsables e implicancias económicas
La resolución de la Contraloría atribuye las responsabilidades a los funcionarios públicos encargados de la supervisión y fiscalización de estos contratos. Al no haber detectado oportunamente los incumplimientos, se considera que hubo negligencia en el control del servicio, según informamos en Contraloría detecta deficiencias críticas en centro de salud San Joaquín ante riesgo de dengue.
El perjuicio económico cuantificado asciende a S/ 202 mil. Esta cifra representa el valor de los servicios no prestados o mal ejecutados, monto por el cual se procederá con las acciones administrativas y legales correspondientes para la recuperación de lo indebidamente pagado.
Este caso se enmarca dentro del esfuerzo continuo de la Contraloría por auditar la ejecución presupuestaria regional y local. La fiscalización busca garantizar que los recursos públicos destinados a obras e infraestructura hidráulica cumplan su objetivo de protección ciudadana.
