La Defensoría del Pueblo de Bolivia emitió este domingo un alerta sobre las "graves vulneraciones" de derechos humanos que se registran en los centros penitenciarios del país. La advertencia forma parte del Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), entidad a cargo de esta institución defensorial. El documento detalla una situación "crítica" caracterizada por el hacinamiento extremo, la insuficiencia de personal policial y el colapso de los servicios sanitarios en las infraestructuras penitenciarias.
Condiciones insalubres y retrasos sistemáticos
Entre los hallazgos más relevantes del reporte se encuentra que el hacinamiento obliga a las personas privadas de libertad a pernoctar en pasillos y otros espacios no destinados para este fin. Asimismo, se señala un retraso "sistemático" en el pago de los prediarios, una pensión alimenticia diaria de 8 bolivianos (aproximadamente 69 centavos de dólar) que recibe la población reclusa del Estado.
La infraestructura también presenta fallas graves. El informe describe un "colapso de pozos sépticos y sistemas de alcantarillado", acompañado de escasez de agua potable y acumulación de residuos en los centros de detención. Además, se identifica la insuficiencia de personal policial, la ausencia de equipos multidisciplinarios y una limitada presencia de la defensa pública, situación que es especialmente aguda en las cárceles provinciales, según Radar Cuzco.
Crecimiento poblacional y presunción de inocencia
Los datos presentados muestran un incremento significativo en la población carcelaria. En 2025, el número de reclusos alcanzó los 33.058 personas, lo que representa un aumento cercano al 100% respecto a las 17.305 personas registradas en 2020. El reporte señala que más del 50% de las personas recluidas no tienen condena firme, situación que el MNP describe como una operación "como depósito humano", vulnerando sistemáticamente la presunción de inocencia.
Impacto en niños y salud pública
La crisis afecta también a los menores. Hasta fines de 2025, se reportaron aproximadamente 190 niños viviendo en las prisiones junto a sus madres. El informe destaca que estos centros no ofrecen una alimentación diferenciada ni un prediario destinado específicamente para estos menores.
En el ámbito sanitario, la saturación del sistema es evidente: existen tan solo 86 profesionales de la salud para atender a más de 33 mil reclusos. Como consecuencia directa de esta falta de acceso y la saturación, se estima que el 90,64% de las muertes bajo custodia en los centros penitenciarios se deben a enfermedades.
Recomendaciones del Mecanismo Nacional
Frente a este escenario, el informe incluye 14 recomendaciones para abordar la crisis. Entre ellas, se solicita a la Justicia que incremente las "jornadas de descongestionamiento", mediante audiencias en los penales y la aplicación de salidas alternativas o beneficios procesales para reducir el hacinamiento. También se recomienda fortalecer la atención a reclusas y sus hijos, garantizar equipos multidisciplinarios y mejorar los mecanismos de reinserción laboral.
