La región de Piura enfrenta un escenario crítico tras el asesinato brutal de cuatro miembros de una familia en Sullana, un hecho que ha desatado la alarma social y política. Walter Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Distritales, declaró enfáticamente: “Es un momento de terror y zozobra”, advirtiendo sobre la falta de respuesta contundente ante el sicariato y las extorsiones que asedian a la población.
La masacre en Sullana
El crimen ocurrió en la cuadra siete del pasaje Unión, donde sujetos armados llegaron a bordo de motocicletas. Según los testimonios recopilados, los agresores realizaron más de 10 disparos contra las víctimas antes de darse a la fuga con rumbo desconocido. El ataque dejó cuatro fallecidos y varios heridos, incluyendo un adolescente de 12 años que fue trasladado al Hospital de Sullana para recibir atención médica.
“Es un momento de terror y zozobra, ya no sabemos cómo actuar”, afirmó Walter Guerrero sobre la escalada violenta en Piura.
Extorsiones a autoridades locales
Más allá del impacto inmediato del crimen captado por cámaras de seguridad, la crisis se profundiza con el acoso sistemático hacia las autoridades electas. Guerrero reveló que varios alcaldes distritales han sido víctimas de amenazas y extorsiones. Al solicitar protección policial, recibieron respuestas evasivas: “Nos dicen que si no hay una amenaza fuerte no nos pueden brindar seguridad”, cuestionó el representante local.
Impacto en la gestión pública
La inseguridad crónica está paralizando el desarrollo regional. Guerrero señaló que hacer inversiones públicas se vuelve riesgoso debido a los pagos de cupos y la violencia imperante. Además, criticó que las políticas de seguridad se diseñen sin considerar la realidad local ni respetar a las autoridades elegidas por voto popular.
Exigencia de medidas urgentes
Frente al descontrol, la Asociación de Alcaldes Distritales está preparando un memorial conjunto para exigir al Gobierno Central y a la Policía Nacional acciones inmediatas. La demanda central es garantizar la seguridad no solo de los ciudadanos, sino también de quienes lideran las municipalidades en una región donde el crimen organizado avanza sin obstáculos claros.
