Prestar cuentas bancarias o billeteras digitales a extorsionadores tendrá cárcel

Quienes faciliten deliberadamente cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar dinero de extorsiones serán sancionados con la misma pena prevista para la extorsión. Así lo dispone el Decreto Legislativo 1744, publicado en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano del 8 de noviembre de 2026.

La norma fue aprobada por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante la Ley 32743. Modifica el Código Penal, la Ley 30096 de Delitos Informáticos, el Nuevo Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos de telecomunicaciones para identificar y geolocalizar equipos en la lucha contra el crimen organizado.

El cambio sobre los productos financieros apunta a uno de los eslabones de la extorsión: las cuentas de terceros que reciben los cobros ilegales. "Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles", señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, al presentar este decreto junto con el 1743 sobre legítima defensa, según El Peruano.

El decreto eleva la pena por integrar una banda criminal a un rango de seis a doce años de prisión. En el caso del sicariato, la conspiración y el ofrecimiento para cometerlo serán sancionados con diez a doce años, pena que sube hasta quince años cuando intervienen menores de edad o la conducta se realiza desde un establecimiento penitenciario. También se incrementan penas para robos agravados y secuestros.

En materia de armas, se sanciona a quienes borren o alteren los números de serie para facilitar su ingreso al mercado ilegal, así como a quienes denuncien falsos robos o pérdidas de armas ante la autoridad. Además, la norma fija procedimientos para incautar, registrar y custodiar armas de fuego y materiales vinculados a investigaciones penales.

En el ámbito informático, se incorpora como supuesto agravado el acceso ilícito a sistemas mediante el uso no autorizado de credenciales, códigos de verificación u otros mecanismos de autenticación, con tres a seis años de prisión. Se añaden agravantes cuando estos delitos afectan activos críticos nacionales o se cometen a través de personas jurídicas.

En lo procesal, se amplía la detención judicial por flagrancia hasta diez días para el reingreso clandestino o ilegal al país y hasta quince días para extorsión, sicariato, secuestro y delitos cometidos por organizaciones criminales. También se autoriza el acceso a datos de localización y geolocalización en investigaciones preliminares por delitos informáticos, siempre que se cumplan los presupuestos legales. Para los extranjeros expulsados que reingresen irregularmente se fija prisión efectiva.

La publicación coincide con la presión de los gremios de transporte de Lima y Callao, que el 10 de noviembre de 2026 convocaron una movilización hacia el Congreso para exigir acciones contra la extorsión y los ataques a choferes. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, citado por sus dirigentes, en el primer semestre del año se registraron 167 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao.

Como todo decreto legislativo, la norma debe ser comunicada al Congreso, que puede revisarla a través de su comisión competente.