Justicia
El Ejecutivo modificó el Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos y el Código Procesal Penal para atacar el circuito financiero de la extorsión y endurecer penas por sicariato, bandas criminales y uso ilegal de armas. La norma también amplía la detención en flagrancia y el acceso a datos de geolocalización en investigaciones por delitos informáticos.