En un giro dramático y preocupante para el sector minero, la compañía Minera Caravelí ha emitido una alerta roja tras denunciar que más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro han iniciado un asedio violento contra sus instalaciones en Pataz. El gerente de Recursos Humanos, Juan Carlos Zea, confirmó a RPP que esta situación de hostigamiento comenzó el pasado 14 de junio y ha escalado hasta convertir las operaciones en una zona de conflicto abierto donde la integridad física del personal está seriamente comprometida.
Secuestro institucional y riesgo inminente
La tensión alcanzó su punto más crítico cuando los manifestantes, liderados por el presidente Majín Sánchez, cercaron completamente el campamento minero. Según las declaraciones de Zea, la intención declarada es tomar el control directo de áreas de concesión para realizar actividades extractivas propias sin autorización. Esta maniobra ha derivado en un estado de indefensión total: todo el personal se encuentra efectivamente secuestrado dentro de las instalaciones, impidiéndose tanto el ingreso como la salida de cualquier trabajador o directivo vinculado a la empresa.
“En este momento hay el riesgo de que ingresen y capturen al gerente y lo agredan físicamente”, advirtió Juan Carlos Zea sobre la situación en la unidad de producción.
Absoluta vulnerabilidad ante las autoridades
Zea subrayó que la ubicación geográfica, pegada a Tayabamba, agrava exponencialmente el escenario. A diferencia de otras zonas como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto con fuerzas armadas debido al estado de emergencia, Pataz depende exclusivamente de la policía regional. Hasta la fecha, esta fuerza no ha intervenido para desbloquear la situación a pesar de las alertas sobre agresiones inminentes contra los trabajadores.
Parálisis operativa y alerta ecológica
Más allá del conflicto humano, Minera Caravelí reporta una parálisis total que incluye el sabotaje ambiental. Los comuneros impiden el funcionamiento de las bombas esenciales para la protección de la calidad del agua en Huailillas, un hecho ya reportado ante la fiscalía ambiental. El ejecutivo denunció además que los directivos están siendo obligados a firmar documentos bajo coacción mientras se desplazan por la zona en camionetas 4x4 a alta velocidad.
Llamada de socorro sin respuesta
La compañía ha presentado pedidos de auxilio presenciales ante la Policía en Trujillo, pero asegura no haber recibido apoyo ni registro formal de las denuncias. Zea calificó el escenario como una emergencia extrema y un abandono total por parte del Estado, pidiendo ayuda urgente para evitar que los trabajadores sean agredidos físicamente mientras se mantiene este cerco ilegal.
